Fuente: Diario Colón / DangDai
A 2.400 metros de altura, en Barreal, departamento de Calingasta, hay una antena de 40 metros de diámetro montada al 90% que no apunta a ninguna parte. El CART —siglas de China-Argentina Radio Telescope— lleva más de doce meses completamente paralizado en el complejo astronómico Carlos U. Cesco. De los casi veinte técnicos e ingenieros chinos que trabajaban en el montaje quedó uno solo radicado en San Juan. Las piezas que faltan siguen dentro de contenedores retenidos en la Aduana, sin respuesta oficial sobre su liberación. Si las restricciones se mantienen, la primera luz del instrumento recién llegaría en 2030, quince años después de la firma del convenio.
Del lado chino el proyecto lo financian la Academia China de Ciencias (CAS) y los National Astronomical Observatories of China (NAOC). Del lado argentino, la Universidad Nacional de San Juan —a través de su Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales—, el CONICET y el gobierno provincial. El acuerdo se firmó en 2015 y venció en junio de 2025 sin que la administración nacional lo renovara. Las estimaciones periodísticas ubican el costo total entre USD 300 y 350 millones contando aparatología, obra civil y operación: casi todo aporte chino. El decano Jorge Castro expuso ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y habló de gestiones infructuosas ante el Ejecutivo. El científico Antonio Damián Alejo lo resumió sin vueltas: “No se puede avanzar en absolutamente nada”.
Lo relevante del caso es el mecanismo. No hubo decreto ni resolución que cancele el CART: hubo un convenio que no se renovó y una aduana que no despacha. El resultado es un veto de hecho, sin acto administrativo que pueda discutirse ni plazo que corra. El argumento de fondo es el del doble uso: un radiotelescopio de 40 metros con rango de 1 a 45 GHz sirve para observar púlsares y también, en teoría, para rastrear satélites. El antecedente inmediato es la estación de espacio profundo de Bajada del Agrio, en Neuquén, operada por la china CLTC bajo un convenio de 50 años que la Argentina nunca auditó del todo. La diferencia es que allí el contrato ya estaba firmado y en San Juan había una ventana para no firmar.
El contraste con la región es nítido. China financia infraestructura científica y satelital en Chile, puso en órbita los satélites de Bolivia y Venezuela, comparte con Brasil el programa CBERS desde los noventa y acaba de ampliar el puerto de Chancay en Perú. En casi todos esos casos el capital chino llegó donde no había alternativa de financiamiento. Acá también: ningún presupuesto argentino de la última década contempló un instrumento de esta escala. Frenar el CART no abrió la puerta a un radiotelescopio estadounidense o europeo en Barreal; dejó una estructura de acero a medio armar al borde de un parque nacional.
Ahí está la asimetría. La discusión sobre el uso dual de la infraestructura china es legítima y la Argentina llegó tarde a planteársela. Pero la forma elegida en San Juan traslada el costo a la contraparte más débil: la universidad pública que puso el terreno, los técnicos formados para operar el equipo y una provincia que veía en el complejo un activo de largo plazo. Quedan tres preguntas. Quién se queda con lo ya invertido si el convenio no se reactiva. Qué pasa con los contenedores: se devuelven, se remata el contenido, se deterioran en el puerto. Y si la política es cerrarle la puerta a la ciencia con China, cuál es el plan alternativo para la astronomía argentina, que hoy no tiene otro. Un plato de 40 metros detenido a 2.400 metros de altura no es todavía una decisión soberana: es una decisión pendiente.
