El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a la carga el 22 de septiembre con una placa publicada en LinkedIn en la que se ubica junto a Donald Trump y Marco Rubio del lado de la “tecnología confiable” y coloca a Xi Jinping y a Mao Zedong del lado de la “tecnología no confiable”. La pieza gráfica es apenas la superficie de una ofensiva con destinos concretos: Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI, las seis firmas chinas que el diplomático viene señalando ante empresarios argentinos. Dos casos locales concentran hoy esa presión: el data center y la red de fibra óptica que la cooperativa eléctrica CALF despliega en Neuquén hacia Vaca Muerta, y la licitación eléctrica AMBA I, valuada en unos USD 800 millones.
CALF es una cooperativa de servicios públicos de Neuquén capital que tiende alrededor de 150 kilómetros de fibra óptica hacia Añelo, 70 de ellos dentro del área productiva de Vaca Muerta, y proyecta un data center en el Polo Tecnológico junto al municipio. Entre sus proveedores figura Huawei, aunque la entidad insiste en que su red “no es china” y enumera equipamiento de HPE, APC, Eaton, ABB, MikroTik y Nokia. En julio, el agregado económico estadounidense Andrew Dilts advirtió que los directivos que amplíen operaciones con Huawei podrían enfrentar restricciones de visa. Aun así, en septiembre una delegación encabezada por el vicepresidente Carlos Quintriqueo viajó a Shanghái, invitada por la propia Huawei.
El frente regulatorio es más filoso. El pliego de AMBA I —270 kilómetros de líneas en 500, 220 y 132 kV para sumar unos 2.000 MW en el área que concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional— prohíbe que actúen como contratistas principales u operadores las personas jurídicas bajo control directo o indirecto de Estados extranjeros. La redacción no nombra a China, pero deja afuera a Powerchina, que ya desarrolla cinco parques eólicos y cuatro solares en el país por cerca de USD 1.000 millones. La apertura de ofertas está prevista para diciembre, la adjudicación para 2027 y la entrada en servicio hacia fines de 2030. La misma cláusula ya había aparecido en la hidrovía y en concesiones viales.
El patrón excede a la Argentina. Washington viene presionando por el veto a Huawei en las subastas de 5G de América Latina y, salvo excepciones, no lo consiguió: Brasil, Chile y Perú mantuvieron a los proveedores chinos dentro de sus licitaciones. Al mismo tiempo, el capital chino ocupa posiciones estructurales en la región —el megapuerto de Chancay, las redes eléctricas de São Paulo y Lima, la minería del cobre y del litio— que ninguna cláusula de pliego revierte. La Argentina aparece así como el laboratorio donde la alineación con Estados Unidos se traduce más rápido en letra chica administrativa.
La ambigüedad es evidente. El Gobierno excluye a las estatales chinas de una obra eléctrica clave mientras ese mismo Estado renovó el swap con el Banco Popular de China por 130.000 millones de yuanes y depende de la demanda china para colocar soja, carne y litio. La asimetría también corre hacia adentro: una cooperativa neuquina de escala municipal quedó en el medio de una disputa entre potencias sin herramientas para negociar. Quedan preguntas abiertas. Si la restricción solo alcanza al contratista principal, ¿qué impide que las firmas chinas entren como subcontratistas? ¿Cuánto encarece una obra limitar oferentes en un mercado con pocos competidores? ¿Y quién audita la “tecnología confiable” que se ofrece como reemplazo?
