Fuente: Más Industrias / Infobae
La única central termoeléctrica que hoy se construye en la Argentina está en el extremo sur y la financia enteramente capital chino. El proyecto de Ushuaia prevé 60 MW en ciclo combinado —40 MW iniciales y 20 MW al cerrar el ciclo— con una inversión de entre USD 70 y 80 millones a cargo del inversor. El equipamiento llegó por barco: cerca de 6.200 toneladas descargadas en el puerto fueguino. La pieza medular es una turbina de gas usada y reacondicionada que estaba en stock en un depósito de la empresa en Shaanxi, según reconoció el presidente de la estatal provincial. La obra civil se estimó en seis a siete meses y la puesta en marcha para mayo de 2027. La usina actual, de unos 30 MW, quedaría como reserva fría.
La contraparte local es Terra Ignis Energía, la corporación estatal fueguina, que aporta el terreno, los estudios ambientales y la gestión regulatoria. Del otro lado está Austral Petróleo, Gas y Electricidad, sociedad inscripta en el Boletín Oficial en enero de 2026 con sede en el parque industrial Las Violetas, en Río Grande, y un capital inicial de 500 millones de pesos repartido entre dos accionistas chinos: China Rainbow International Investment, con 30.000 acciones, y Rainbow International Engineering Xi’an, con 20.000. Ambas fueron descriptas como corporaciones de capital estatal. Austral asume diseño, ingeniería, construcción y financiamiento total. Su titular, Yun Yo Lin, atribuyó la decisión a la «sólida relación de confianza» con las autoridades provinciales y a la estabilidad regulatoria.
El dato regulatorio que explica el negocio es la ventanilla: la obra no pasó por una licitación nacional ni por el RIGI, sino por un convenio entre una empresa estatal provincial y una sociedad de capital chino radicada en la provincia. La licitación TerConf, su antecedente, fue dada de baja en 2024 por el Gobierno nacional. El directorio de Austral lo integran los mismos actores que impulsaron en 2008 el frustrado proyecto de industrialización de gas de regalías bajo la firma Tierra del Fuego Energía y Química, que terminó en un litigio contra la provincia cerrado recién por acuerdo con el gobernador Gustavo Melella. El Tribunal de Cuentas ordenó además una auditoría integral sobre Terra Ignis. La segunda etapa anunciada es más ambiciosa que la primera: una planta de urea granulada por al menos USD 600 millones y una central de 100 MW en Río Grande para 2028 o 2029.
El contraste con el resto del mapa es el dato político. En las últimas semanas el Gobierno nacional dio de baja once obras del Belgrano Cargas con financiamiento chino y canceló el reactor Atucha III, de USD 8.000 millones. Mientras Nación desarma proyectos chinos, las provincias los reciben: Salta con el litio de Ganfeng, San Juan con el radiotelescopio, la Ciudad con CITIC compitiendo por el subte. El patrón tiene antecedentes regionales —en Perú y Brasil el capital chino entró en generación eléctrica por compra de activos y concesiones, no por licitaciones centrales—, pero aquí toma forma propia: lo que se cierra arriba se reabre abajo, en jurisdicciones con menos capacidad técnica de control.
La ambigüedad del caso fueguino no es el capital chino: es la asimetría de información. Una provincia con déficit eléctrico crónico consigue 60 MW sin poner un peso, y eso tiene valor real. Pero el equipo medular es usado y no se informaron sus horas de operación ni quién lo fabricó; el software de control queda atado al soporte remoto del proveedor; los repuestos están a un océano de distancia en una ciudad donde una caída en julio es una emergencia. Y el inversor ya incumplió antes con la misma provincia. Las preguntas son concretas: qué dice el contrato sobre tarifa, plazo de explotación y propiedad final de los activos, quién audita la trazabilidad de la turbina y qué garantiza que la etapa de USD 600 millones no corra la suerte del proyecto de 2008.
