Fuente: Reporte Asia / Global Times
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) publicó el 22 de octubre las nuevas Medidas para la Administración de la Inversión en el Exterior —Orden N.º 49 de 2026—, que entran en vigor el 1º de diciembre y derogan el régimen que regía desde 2017. La norma exige aprobación previa del organismo para los proyectos radicados en países o regiones calificados como sensibles —entre ellos zonas en conflicto— y en sectores como el desarrollo de armamento o la explotación transfronteriza de recursos hídricos, y somete a un proceso de registro y documentación a las operaciones no sensibles superiores a USD 300 millones. Agrega un informe anual obligatorio, que deberá presentarse por primera vez en 2027, un régimen reforzado de reporte de «situaciones adversas graves» y la obligación de avisar sobre el trabajo preparatorio de los proyectos de gran monto con impacto en las relaciones diplomáticas. Por primera vez, también las personas físicas residentes quedan alcanzadas como sujetos de inversión.
La NDRC no es una oficina menor: es el planificador central de la economía china y el que habilita o frena cada desembolso relevante hacia afuera, en coordinación con el Ministerio de Comercio. Del otro lado está el universo de empresas que sostiene la presencia china en la Argentina: Ganfeng y Zijin en el litio de Jujuy, Salta y Catamarca; Power China y CITIC Construction en obra pública e infraestructura; Envision, socia del datacenter proyectado en Chubut; BYD, que evalúa una planta de baterías sin definir monto ni provincia. Las contrapartes locales —provincias que compiten por proyectos, la ventanilla del RIGI, el Gobierno nacional— negocian con filiales cuya capacidad de comprometer capital depende de una aprobación que no se tramita en Buenos Aires.
El punto más político de la norma es el sistema de información sobre medidas discriminatorias. La NDRC admite que algunos países impusieron exigencias de transferir tecnología o datos, o de desprenderse de participaciones y activos, y ordena a sus empresas reportar esos casos para que «el gobierno y los inversores protejan conjuntamente» sus derechos. En la Argentina esa casuística ya tiene expediente: la baja del reactor chino de Atucha III por USD 8.000 millones, el veto del Pentágono sobre Envision mientras se discute el datacenter de Chubut y las cláusulas de proveedores en pliegos energéticos. El umbral de USD 300 millones es el otro dato fino: captura prácticamente cualquier proyecto de litio, generación eléctrica o puerto que una empresa china pueda encarar en el país.
La región ya es un destino de peso. Un relevamiento de EY cifró en USD 5.100 millones las fusiones y adquisiciones chinas anunciadas en América Latina durante 2025, con el 12% del valor global, máximo de los últimos cinco años. En la Argentina, en cambio, China concentra apenas el 9,2% de la inversión minera aprobada bajo el RIGI, según Plusmining. La inversión directa china en el exterior acumuló USD 128.620 millones en los primeros tres trimestres de 2026. El nuevo filtro llega cuando Buenos Aires sale a buscar capital chino para litio y energía mientras alinea su política exterior con Washington.
La ambigüedad es evidente. Beijing presenta la norma como protección de sus activos frente a hostilidades externas, pero el efecto práctico es más control sobre qué se invierte y dónde: un país que veta proyectos chinos puede terminar clasificado como destino de riesgo por el propio Estado chino. Para la Argentina eso abre tres preguntas sin respuesta. Si las bajas y los vetos de los últimos meses ingresan al registro de situaciones adversas, ¿qué costo tendrá eso en la próxima ronda de aprobaciones? ¿Puede una provincia cerrar un acuerdo con una filial que aún no tiene el visto bueno de la NDRC? ¿Y qué pasa con el swap, que no es inversión directa pero sí la pieza que mantiene abierto el canal financiero? La asimetría de fondo no cambia: la Argentina discute proyecto por proyecto, China decide por régimen.
