Fuente: Infobae / China en las Américas
La Argentina y los Estados Unidos lanzaron el 23 de septiembre el Corredor Andes-Atlántico, un paquete de infraestructura con financiamiento de hasta USD 7.000 millones comprometido para 2027 por el Export-Import Bank (EXIM) y la Development Finance Corporation (DFC). El esquema promete unir el noroeste minero —salares de litio de Salta y Jujuy, proyectos de cobre— y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico por ferrocarril, ductos, redes eléctricas y fibra óptica. De ese total, USD 6.000 millones son una carta indicativa y no vinculante para Argentina LNG, el proyecto de gas licuado que lidera YPF junto con la italiana ENI y la emiratí XRG, con una inversión estimada en USD 51.000 millones. Las obras incluyen el Belgrano Cargas, las líneas San Martín y Urquiza, la Hidrovía del Paraná, la línea de transmisión AMBA I y la red de Arsat. Una delegación del Departamento de Estado, la DFC y el EXIM llega a Buenos Aires en octubre.
El canciller Pablo Quirno presentó el acuerdo en el consulado argentino en Nueva York y salió a despejar la pregunta obvia. Consultado sobre si Washington exigía limitar la presencia china, respondió: “No, no hay ninguna condicionalidad”, y agregó que la alianza no va en detrimento del vínculo comercial con Beijing. Del otro lado hay dos agencias de crédito estatales que prestan, garantizan y aseguran operaciones de proveedores estadounidenses; del lado argentino, el compromiso de reforzar el marco legal y la protección de inversiones con el RIGI. El corredor es, según la presentación oficial, el primero del programa de infraestructura del G7 en el hemisferio occidental.
La letra chica matiza la negativa del canciller. El capítulo digital del acuerdo habla de “tecnología confiable” para plataformas, telecomunicaciones, cables submarinos y equipamiento de inspección aduanera, y el capítulo de minerales críticos apunta a la “seguridad y diversificación” de las cadenas de litio y cobre. En el vocabulario que Washington viene usando desde hace tres años, tecnología confiable y diversificación significan exactamente una cosa: menos China. El corredor se inscribe además en la coalición Pax Silica, que reúne a 35 países alrededor de las cadenas de suministro de inteligencia artificial y que excluye expresamente a los llamados actores que no son de mercado. No hace falta una cláusula que nombre a China para que el efecto sea el mismo.
El problema es de aritmética. En los salares que el corredor promete sacar al Atlántico, el capital chino ya está adentro: Ganfeng controla el 46,7% de Minera Exar, dueña de Cauchari-Olaroz en Jujuy, y acaba de sumar USD 180 millones en Lithium Argentina para reforzar su posición en tres salares salteños. Según Bloomberg Línea, firmas chinas participan en proyectos que concentran cerca del 70% de la futura capacidad de litio bajo el RIGI, el mismo régimen que la Argentina ofrece ahora como garantía a los prestamistas estadounidenses. En la región el contraste es nítido: mientras Washington financia un corredor hacia el Atlántico, Perú ya opera el megapuerto de Chancay con capital de Cosco y Brasil fabrica autos chinos en Paraná. América Latina no está eligiendo un socio, está recibiendo dos infraestructuras superpuestas.
Queda una ambigüedad que conviene no apurar. El Gobierno festeja un financiamiento que todavía es mayormente indicativo —la carta de USD 6.000 millones no obliga a nadie— y al mismo tiempo necesita que el litio chino siga poniendo dólares en Salta y Jujuy. La apuesta parece ser cobrar de los dos lados: las obras y el crédito de Washington, las inversiones y el swap de Beijing. Es cómodo mientras nadie exija definiciones, y las exigencias suelen llegar cuando hay que adjudicar un pliego. Las preguntas abiertas son concretas: ¿qué pasa cuando un tramo ferroviario financiado por el EXIM deba mover concentrado de una mina con mayoría accionaria china? ¿Puede Arsat comprar equipamiento chino sin perder el crédito? El acuerdo no las contesta, y esa omisión es la noticia.
