Fuente: iProfesional / Convercom
El Gobierno publicó el 6 de noviembre en el Boletín Oficial la Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad, que fija requisitos de seguridad de la cadena de suministro para el equipamiento de infraestructuras críticas de telecomunicaciones. La norma entró en vigencia al día siguiente y será exigible en los procedimientos de compra y contratación del Estado que se inicien dentro de 90 días. Clasifica los equipos en cuatro niveles de criticidad y para los dos más altos exige la certificación SCS 9001, emitida por la Telecommunications Industry Association de Estados Unidos, con un período transitorio de 36 meses. Los equipos ya instalados no se reemplazan de oficio: toda sustitución requiere decisión fundada. El alcance inmediato es el Sector Público Nacional, Arsat incluida.
La disposición no nombra a ninguna empresa, y ahí está su eficacia. El SCS 9001 audita procesos de gestión de riesgo de la cadena de suministro —diseño, fabricación, actualizaciones, soporte— y sus controles de elegibilidad se apoyan en las listas de restricciones del gobierno estadounidense. El resultado práctico, según los especialistas del sector, es que quedan fuera de las compras estatales Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. Del lado local firma Walter Fabián Agüero, director ejecutivo del organismo desde el 2 de noviembre por el decreto 1313/2026. El artículo 9 encomienda al Enacom evaluar si traslada los mismos requisitos a la homologación de equipos y a las obligaciones de los licenciatarios privados.
Ahí asoma el verdadero alcance, porque el Enacom no distingue entre redes públicas y privadas cuando homologa. Huawei provee cerca del 70% del núcleo 5G de Telecom Argentina —Nokia aporta el 30% restante— y desplegó un core en la nube que atiende a más de 22 millones de suscriptores móviles. Debajo hay más de 1.200 prestadores de internet relevados por Cabase y 547 cooperativas con licencia en veinte provincias, para las que cambiar de proveedor no es una decisión técnica sino de supervivencia. Los módems y routers de fibra en hogares y pymes son en su mayoría Huawei o ZTE, y buena parte de las cámaras municipales son Hikvision o Dahua. El detalle incómodo: la certificación todavía no puede emitirse, porque las certificadoras están en capacitación y falta redactar parte del reglamento.
En América Latina solo Costa Rica y Paraguay adoptaron el estándar, y en ninguno salió gratis: la justicia costarricense suspendió parcialmente el decreto y en Paraguay dos de los cuatro operadores se retiraron de la licitación 5G. La decisión argentina llega envuelta en un acuerdo con Washington por 15 millones de dólares no reembolsables que financia un centro nacional de operaciones de ciberseguridad, una auditoría de la red troncal de Arsat y el reemplazo gradual de equipos chinos en redes estatales, con diagnóstico a seis meses e implementación de hasta 18. Como referencia de escala, el programa estadounidense para retirar equipamiento chino de sus propias redes ya compromete cerca de 5.000 millones de dólares.
La ambigüedad es deliberada: la Argentina no prohibió nada. Adoptó una norma técnica privada extranjera y dejó que el criterio de exclusión lo fije, en los hechos, una lista de sanciones que se escribe en Washington. El embajador estadounidense Peter Lamelas celebró el paso en X; la embajada china, que en septiembre había calificado de «pura invención» las acusaciones contra Huawei y ZTE, no se pronunció sobre la disposición. La asimetría salta a la vista: el mismo Estado que restringe al proveedor chino en sus redes renovó en agosto con Beijing un swap de 19.000 millones de dólares. Quedan tres preguntas abiertas. Quién paga el recambio si el Enacom extiende la exigencia a cooperativas y pymes. Cómo se compara esa asistencia de 15 millones con el costo de sustituir el núcleo de una red móvil. Y si Beijing, que hasta ahora respondió en el plano retórico, elegirá hacerlo en el comercial.
