La siderurgia argentina llegó al Alacero Summit de Ciudad de México con números que no admiten lecturas optimistas. La actividad del sector cayó 2,6% en los primeros nueve meses de 2026 contra el promedio de 2025 y quedó 25% por debajo del nivel de 2024. En paralelo, la industria manufacturera explica cerca de un tercio de los casi 290.000 empleos registrados que el país perdió desde diciembre de 2023, según datos del SIPA. Los ejecutivos que viajaron a la cumbre —la mayor reunión anual del acero latinoamericano— coincidieron en el diagnóstico: elogiaron el ordenamiento macroeconómico del Gobierno y acto seguido reclamaron medidas frente a la sobreoferta china.
La delegación reunió a la Unión Industrial Argentina, a Ternium Argentina y a ArcelorMittal Acindar. Martín Rappallini, presidente de la UIA, resumió la situación en una frase: «Hay productos que llegan al país al costo de la materia prima», y sumó a la cuenta los atrasos en energía, puertos y rutas. Renato Catallini, director ejecutivo de Ternium Argentina, advirtió que la carga impositiva sobre el sector formal no se redujo y que Vaca Muerta no va a generar por sí sola el empleo que el país necesita. Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar y presidente de la Cámara Argentina del Acero, habló directamente de una «distorsión» provocada por las importaciones de China y otros países asiáticos, y pidió mejor acceso al crédito en un país donde el hipotecario no llega al 1% del PBI.
El dato regulatorio explica por qué la presión se siente más acá que en otros mercados de la región. La Argentina tiene apenas tres medidas antidumping vigentes sobre productos siderúrgicos, contra dieciséis de México y dieciocho de Brasil, según el relevamiento de Alacero, y una estructura arancelaria que el propio sector describe como de las más débiles del continente. China fue el principal origen de las importaciones argentinas de acero en abril de 2026, con el 22% del total; a escala global produce el 54% del acero mundial y coloca afuera unas 130 millones de toneladas por año. Mientras tanto, el Gobierno negocia con Washington una cuota de exportación sin arancel de 180.000 toneladas anuales, similar a la que rigió en 2018: abre una punta del comercio y deja la otra sin cobertura.
El cuadro regional es el mismo a mayor escala. Las importaciones representaron el 43,3% del consumo de acero latinoamericano en 2025 y Alacero proyecta 33,7 millones de toneladas para 2026, frente a 33,4 millones el año anterior; los laminados chinos ya explican el 45,4% de esas compras. Detrás hay un exceso de capacidad global de 640 millones de toneladas en 2025 —320 millones atribuidas a China según la OCDE— que podría trepar a 745 millones en 2028, con subsidios estatales a las acerías chinas quince veces superiores a los de las economías de la OCDE. La contracara se ve en la inversión: la siderurgia regional puso USD 22.014 millones en los últimos cinco años y proyecta USD 13.624 millones para los próximos cinco, casi un 40% menos.
La ambigüedad es evidente. El mismo país al que las provincias argentinas salen a buscar como inversor —Corrientes acaba de hacer una misión de cuatro días entre Beijing y Shanghái, y en San Juan se constituyó esta semana una sociedad para explorar litio— es el que presiona el mercado del acero por la vía comercial. No es una contradicción: son dos canales distintos del mismo vínculo. China entra como capital donde la Argentina tiene recursos y le falta financiamiento, y entra como mercancía donde la Argentina tiene industria instalada y costos altos. La pregunta abierta es si el Estado puede discriminar entre ambos flujos sin que uno termine pagando por el otro, y si una estructura de tres medidas antidumping alcanza siquiera para dar esa discusión.
