Fuente: Infobae / El Litoral
La Argentina adhirió el miércoles a una declaración ministerial conjunta impulsada por Estados Unidos contra la “capacidad y producción excesivas” en la industria global. El texto lleva la firma de quince economías —Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos— y se cerró al margen del Comité de Comercio de la OCDE, tras el encuentro de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, que había terminado sin consenso. La declaración prioriza cinco sectores: automóviles y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares. Los firmantes acordaron crear “plataformas sectoriales” de trabajo técnico junto con la OCDE y tienen plazo hasta diciembre de 2026 para fijar los términos de referencia.
El documento no menciona a China ni una vez: habla de “políticas y prácticas no de mercado” de “gobiernos extranjeros”. La lista de ausentes completa el sentido. No firmaron China, Brasil, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita ni Sudáfrica, todos miembros del G20. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, la presentó como una acción de socios con ideas afines y dijo que no sorprende que los países con déficits comerciales crecientes busquen una respuesta colectiva. Beijing rechaza que su política industrial haya generado sobrecapacidad y acusa a las economías occidentales de usar el argumento como cobertura proteccionista. Del lado argentino no hubo anuncio propio: la difusión del texto corrió por cuenta de la oficina del USTR. En paralelo, la Argentina acompañó con Estados Unidos y México una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio abra discusiones sobre bienes producidos con trabajo forzoso.
Los cinco sectores elegidos son, casi exactamente, los que explican el avance chino en el mercado argentino. En agosto las marcas de origen chino patentaron más de 3.800 unidades y se acercaron al 10% del total, según los datos de la cámara de importadores CIDOA: BYD colocó sola 1.389 autos —el 23,2% del total de la cámara— seguida por BAIC con 708 y Chery con 569, y siete de los diez importadores más grandes son chinos. Todo eso en un mercado que cayó 19,1% interanual. El punto ciego es el eslabón anterior: las baterías que la declaración pone bajo la lupa se fabrican con litio que sale de Catamarca, Salta y Jujuy, donde Ganfeng, Zijin y Tianqi controlan los activos más avanzados. La Argentina firma contra la sobreoferta de baterías mientras exporta el insumo que la alimenta.
La ausencia de Brasil es el dato regional de la jornada. Brasília, socia de los BRICS, acaba de estrenar la primera planta de una marca china de autos en América —Geely en Paraná, con R$ 1.900 millones— y negocia radicaciones en lugar de plataformas defensivas. México sí firmó, pero llegó con aranceles de hasta 50% ya aplicados a los vehículos chinos. La Argentina se sumó sin ninguna de esas herramientas sobre la mesa: en septiembre cerró sin medidas la investigación antidumping por lavarropas y mantiene aranceles reducidos para híbridos y eléctricos importados. Es la posición más expuesta del triángulo: adhesión política plena, capacidad de aplicación mínima.
La ambigüedad es estructural y no se resuelve con una firma. El mismo gobierno que suscribe un texto contra la “producción excesiva” china renovó en agosto por cinco años el swap con el Banco Popular de China, dio de baja Atucha III pero dejó a CITIC en carrera por la Línea F del subte porteño y habilitó capital chino en la pulseada por los data centers patagónicos. La asimetría también es de instrumentos: la declaración no crea obligaciones, no fija aranceles ni plazos de sanción, y los firmantes con capacidad real de actuar son los que ya tienen industria que proteger. Quedan dos preguntas abiertas: qué costo tiene alinearse en una plataforma occidental si China responde donde más duele —la soja y la carne—, y si esto es política comercial o un gesto diplomático con factura diferida.
