La asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) resolvió el 23 de septiembre dejar sin efecto los proyectos Candu y Hualong por «falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento». La fórmula esconde una decisión de política exterior: con esa acta, conocida el 2 de octubre, el Gobierno enterró Atucha III, la central de 1.200 MW que iba a construirse con tecnología y financiamiento chinos por más de USD 8.000 millones. El contrato con la China National Nuclear Corporation (CNNC) se había firmado el 1º de febrero de 2022 en Lima, provincia de Buenos Aires, e incluía un reactor HPR-1000 con 60 años de vida útil, más de 7.000 empleos durante la obra y una integración de proveedores nacionales cercana al 40%. Nunca tuvo una pala clavada.
La contraparte que se cae es la mayor estatal nuclear china, dueña del Hualong One que Beijing empuja como su principal producto de exportación tecnológica. NA-SA —79% de la Secretaría de Energía, 20% de la CNEA y 1% de Enarsa— declaró en la misma reunión el predio de interés empresarial y autorizó a preparar una licitación para un reactor de capital 100% privado. El candidato visible es Meitner Energy, creada en 2024, con 60% de un grupo encabezado por Hamid Ansari y 40% de Black River Technology, firma estadounidense controlada por INVAP. Su reactor ACR-300 implica una inversión inicial de USD 1.203 millones, unos 300 MW y un derecho real de superficie sobre 12 hectáreas del predio, sin fondos ni avales públicos. Luis Caputo ya lo presentó como caso testigo del RIGI.
El número que explica el cambio no es el de la potencia sino el del crédito. Atucha III nunca fue, en rigor, una inversión china: era una compra argentina con plata china. Durante años se negoció que la banca de Beijing cubriera entre el 85% y el total de la obra, y esa discusión —junto con el swap— mantuvo el contrato vivo a fuerza de prórrogas sin que empezara la construcción. Al cancelarlo, la Argentina no pierde un desembolso: pierde una línea de financiamiento de largo plazo que ningún otro acreedor ofrecía en esos términos. Y la reemplaza por un esquema cuatro veces más chico, con riesgo privado y tecnología modular aún no probada comercialmente. El exsubsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo fue tajante: «Si esto se firmó, es una pésima noticia para el sector nuclear, y para el país».
El timing completa el cuadro: la baja se conoció mientras Javier Milei encabezaba en París la Argentina Week, con trece gobernadores, buscando capitales para energía y minería. Se sale a buscar inversión en Europa el mismo mes en que se cancela la que ya estaba contratada con China. El contraste con la región es nítido: mientras la Argentina da de baja su único gran proyecto nuclear con Beijing, los capitales chinos consolidan posiciones en energía e infraestructura latinoamericana por otras vías —el megapuerto de Chancay en Perú, las redes de transmisión de State Grid en Brasil, las represas de Santa Cruz que siguen en obra—. Pekín no necesita Atucha III; la Argentina sí necesitaba el crédito.
Queda una ambigúedad de fondo. El Gobierno no anunció la cancelación: la ejecutó por acta societaria, sin comunicado ni explicación pública, para un contrato nacido de un acuerdo diplomático entre Estados. La asimetría es también institucional: una decisión que compromete décadas de política nuclear y el vínculo con el principal socio comercial del país se resuelve en un directorio y se filtra por la prensa. Las preguntas son concretas. ¿Hay costo contractual por la rescisión frente a la CNNC, y quién lo paga? ¿Qué pasa con la cadena de proveedores que el 40% de integración nacional prometió durante cuatro años? ¿Y si la licitación termina con un único oferente posible, de qué competencia se habla? La alineación con Washington tiene precio; conviene que la factura esté a la vista.
