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Represas de Santa Cruz: giran USD 29,3 millones a la china Gezhouba y la obra sigue parada

Obras paralizadas del complejo hidroelectrico Condor Cliff-La Barrancosa en Santa Cruz, a cargo de la china Gezhouba

Fuente: Reporte Asia / OPI Santa Cruz

El Gobierno de Santa Cruz confirmó a fines de agosto el depósito de unos $45.000 millones —alrededor de USD 29,3 millones al tipo de cambio del momento— a la Unión Transitoria de Empresas que encabeza la constructora estatal china Gezhouba y que tiene a su cargo el complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff-La Barrancosa, las represas bautizadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. El giro se presentó como el arranque definitivo de la reactivación, pero el destino de los fondos cuenta otra historia: pagos a proveedores con atrasos de más de dos años, liquidaciones del personal argentino que se retira y mantenimiento de una infraestructura que sigue detenida. Es el cuarto anuncio de reinicio desde diciembre de 2023 que no se traduce en máquinas trabajando sobre el río Santa Cruz.

Del lado chino, Gezhouba Group —integrada al conglomerado estatal China Energy Engineering Corporation— está quedando como operadora prácticamente exclusiva de la obra. Su socia local, Electroingeniería, redujo su presencia a un puñado de técnicos y avanza hacia la desvinculación, después de años de reclamos cruzados por certificados impagos. El esquema financiero, en cambio, sigue siendo el firmado en 2014: una línea de USD 4.714 millones aportada por un consorcio del Banco de Desarrollo de China, el ICBC y el Bank of China, con garantías cruzadas que en su momento ataron el desembolso a otras obras ferroviarias. La contraparte política es el gobernador Claudio Vidal, que heredó una obra parada y necesita mostrar movimiento, mientras la Nación mide cuánto quiere exponerse.

Los números explican por qué el expediente no se cierra ni se abre del todo. Según relevamientos locales, el proyecto ya consumió cerca de USD 2.000 millones, equivalentes a alrededor del 42% de la ejecución financiera comprometida, con un avance físico sensiblemente menor. Quedan disponibles unos USD 2.714 millones, pero atados a certificados de obra que solo se emiten si hay obra: el clásico círculo vicioso de los créditos atados. A eso se suma una disputa de montos entre privados y Estado: la UTE reclama en torno a USD 400 millones en deudas, mientras auditorías estatales sostienen que la cifra no supera los USD 160 millones. El rediseño de 2016, que bajó de once a ocho turbinas, recortó la potencia prevista de 1.740 a 1.310 MW sin recortar en la misma proporción el compromiso financiero.

La dimensión geopolítica agrega otra capa. Las represas están entre 875 y 920 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas, en una Patagonia donde ya funciona la estación de seguimiento satelital CLTC-CONAE de Neuquén, operada por China y observada hace años desde Washington por su potencial uso dual. El cuadro se completa con la asistencia financiera estadounidense por USD 20.000 millones y con la disputa abierta por el litio y el cobre argentinos. El patrón se repite en la región: en Perú, el puerto de Chancay de COSCO reabrió el debate sobre quién controla infraestructura estratégica; en Brasil, la llegada de operadores satelitales chinos generó la misma discusión. La constante es que el capital chino aparece donde no hay otro dispuesto a poner plazos largos, y que eso convierte cada obra en un tema de política exterior.

Desde el Observatorio, el caso ilustra una asimetría que se repite. La Argentina no tiene hoy alternativa de financiamiento para terminar una obra que ya tiene USD 2.000 millones enterrados, y abandonarla implicaría asumir la pérdida y, eventualmente, un litigio con acreedores chinos. Pero avanzar significa profundizar una relación que el principal socio financiero actual del Gobierno mira con desconfianza. En el medio, la provincia paga costos de mantenimiento de una obra que no genera un solo megavatio y la empresa china consolida posición sin asumir riesgo de ejecución. Quedan preguntas sin respuesta: qué condiciones exige el consorcio chino para liberar los USD 2.714 millones pendientes, quién audita el reclamo de USD 400 millones, y si el Estado nacional tiene un plan alternativo para completar 1.310 MW de potencia o simplemente está administrando la parálisis.

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