Fuente: La Nación
Lejos desencuentros institucionales, algún rencor personal no asumido y la silenciosa presión de un gobierno que detesta los frentes corporativos sin fisuras explotaron, todos al mismo tiempo, esta semana en el seno de la Unión Industrial Argentina (UIA) como consecuencia del pacto comercial firmado entre el país y China.
Las turbulencias, que llegan con bastante retraso, días antes de que el acuerdo pueda convertirse en ley, detonaron ayer, con un duro reproche que Juan Carlos Lascurain, vocal de la UIA, hizo a sus pares por haber criticado la iniciativa en un documento. Acusó a la entidad de estar “manejada por 5 o 6 personas con intenciones políticas” y calificó de “xenófobo” el cuestionamiento a que trabajadores chinos puedan aquí comprar tierras.
Le respondió Héctor Méndez, líder de la UIA, que lo acusó de recibir favores del Gobierno y de no hablar por sí mismo, sino “por orden de algún funcionario”.
Los industriales se oponen a los acuerdos, que tienen media sanción y serán discutidos para ser refrendados el 25 de este mes en la Cámara de Diputados, por motivos estructurales. Dicen que, a cambio de un puñado de dólares que entrará este año para aliviar las reservas del Banco Central a través del swap de monedas, Cristina Kirchner ha decidido comprometer el futuro de la industria local, porque esos convenios tienen cláusulas que les permiten a las empresas chinas adjudicarse obras de manera directa sólo con proveer el financiamiento y que, además, incluyen puntos decisivos que se desconocen.
Lascurain tiró la bomba ayer al mediodía, durante una conversación telefónica con el programa Levantate, que se emite por Radio Cooperativa. Allí, el representante de la Asociación de Industrias Metalúrgicas (Adimra) volvió a argumentar que elementos como la construcción de centrales nucleares eran puntos positivos del acuerdo y cuestionó el crítico informe que la UIA difundió el lunes. “Hay un grado de apresuramiento y, después, hay intencionalidades políticas”, empezó, e inmediatamente aludió a José Ignacio de Mendiguren, secretario de la entidad fabril y legislador del massismo, que había criticado la medida del Gobierno en columnas publicadas en la nacion, Clarín y El Cronista Comercial.
“No es una casualidad que, unos días antes, haya salido un artículo del secretario general, que es diputado del Frente Renovador, y el lunes, cuando estaba la misión allá [en China], un análisis que han hecho que, en algunos casos, llama poderosamente la atención, ¿no? Porque pone como una cuestión que es risueña, ¿no?, es risueña, por eso lo menciono, podemos profundizar en otras cosas, pero dice: «Van a venir trabajadores chinos que hasta pueden comprar tierras en la Argentina». Digo: la verdad es que pareciera una cosa bastante xenófoba, ¿no? ¿Realmente no pensaron que puede tener esa apreciación? ¿Si fueran italianos dirían lo mismo? ¿Si fueran españoles?”
El industrial metalúrgico objetó entonces que la UIA no hubiera consultado a todos sus integrantes antes de emitir el análisis. “Es una posición que no ha contemplado a todos los socios”, dijo, y agregó: “Acá se marca claramente que la UIA responde a los intereses de algunos y no de todos. La UIA se sigue manejando con un grupo de cinco o seis personas con intereses muy marcados; algunos son intereses políticos y otros son otro tipo de intereses”.
Estas palabras provocaron la inmediata reacción de varios dirigentes fabriles. Por ejemplo, de Héctor Méndez, presidente de la UIA, que le contestó con igual aspereza. “Seguramente acá, en este grupo, puede haber opositores o no -dijo, consultado por la nacion-. Lo que hace él seguramente es oficialista. Los beneficios que tienen algunos son prebendarios: las Aduanas que cierran para no competir, las adjudicaciones de la obra pública sin licitación, el crecimiento descomunal de algunos que ni siquiera tenían compañías, subsidios directos, créditos subsidiados. Están tan comprometidos que eso le quita objetividad a lo que dicen. Yo me refiero en particular al que hizo la declaración. Seguramente sus palabras no son propias, sino que están mandadas a decir por el poder político.”
Mendiguren fue menos duro, pero también defendió la posición de la UIA y negó las acusaciones a la conducción. “¿Así que a la UIA la manejan seis personas? Mal puede decir eso una persona que está en el comité ejecutivo con tres personas de Adimra y nunca va. Hay que dar la pelea desde adentro. El convenio no es ni oficialista ni opositor: nosotros siempre defendimos los intereses del desarrollo nacional. Y hay un acuerdo marco ambiguo, con enormes imprecisiones, que permite adjudicación directa e incluye convenios secretos que no se conocen. Eso no es ni oficialista ni opositor: es la realidad de la industria hoy. Hay industriales metalúrgicos, como los de Córdoba o los de Mendoza, que tienen la misma percepción que la UIA. A mí lo que me llama la atención es haber tenido un plan ferroviario, haber ido a inauguraciones y, después de 11 años, terminemos comprando vagones y hasta los durmientes de China.”
La UIA acaba de convocar a una reunión el martes próximo para discutir estas cuestiones. Más allá de las diferencias de fondo, a algunos directivos les molestó que el informe dado a conocer el lunes hubiera sido difundido como un documento aprobado por todos, cuando en realidad era sólo un análisis interno de los convenios con China, el mismo que se les estaba enviando a las cámaras integrantes de la entidad fabril.
Ésta es la postura de José Urtubey, accionista de Celulosa Argentina y uno de los vicepresidentes de la UIA. “Comunicado no hubo, lo que hubo es un informe técnico interno que, como cualquier informe, está sujeto a aprobación. Una vez que pasa eso, puede haber comunicado”, dijo, y evitó ser categórico sobre la cuestión de fondo: “A mí me parece interesante que existan misiones comerciales. Pero el resultado de esta misión va a ser analizado en la reunión del martes. La prioridad tiene que ser el desarrollo de la industria nacional, la sustitución de importaciones, y después viene la complementariedad”.