América Latina (AL) estuvo en la mira de China desde hace más de veinte años. El líder chino Deng Xiaoping dijo en 1988 que “el siglo XXI va a ser la era de América Latina”. A principios del año 2000, China ya tenía lista la “triple estrategia” para AL, que consistía en: asegurar el suministro de materias primas (especialmente petróleo, minerales y productos agrícolas) que eran escasas en China; acceder a nuevos mercados para incrementar el volumen de exportación de productos manufacturados chinos, y asegurar que los gobiernos latinoamericanos se adhieran al “principio de una sola China” .
Aunque China no dicte las reglas del gasto social, en muchos casos China sí dicta las reglas de cómo los países prestatarios deben usar los créditos que conceden sus instituciones bancarias.
Al mismo tiempo que la relevancia de los financistas tradicionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y aún de las instituciones financieras regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina ha ido disminuyendo en AL, varios países, especialmente los amazónicos, han dado una calurosa bienvenida a los bancos chinos. Este cambio, sobre todo bajo lupa del “ajuste estructural”, podría ser considerado un avance. De hecho, varios mandatarios han calificado a las inversiones chinas como una estrategia “ganar-ganar” en la cual no existen condicionamientos, sino por el contrario, han resultado en “alianzas estratégicas Sur-Sur”.
Después de poco más de diez años de implementación de la “triple estrategia”, China puede decir con confianza que marcha viento en popa. Desde la perspectiva china es fácil entender el porqué, pero desde la perspectiva regional no lo es tanto. En la práctica, las consignas de “ganar-ganar” y la “alianza Sur-Sur” se han reducido a que China no impone el tipo de “condiciones” a las que estuvimos acostumbrados durante la época del ajuste estructural. Aunque China no dicte las reglas del gasto social, en muchos casos China sí dicta las reglas de cómo los países prestatarios deben usar los créditos que conceden sus instituciones bancarias.
