Fuente: ElDiario.net
Cada vez que se lee reportes de los manejos financieros de Venezuela, relacionados con administración de su inmensa riqueza petrolera, es para llorar.
Algunos irresponsables han dispuesto tantos barriles de petróleo para tantas actividades sin objetivo, que prácticamente se puede afirmar que sí hubo despilfarro de recursos naturales. Sobre el tema debe agregarse una cantidad de acuerdos y préstamos suscritos con China, cuyos intereses geopolíticos en Venezuela y Bolivia, entre otros países latinoamericanos, muestran el ánimo de expansionismo financiero del coloso asiático.
Los chinos saben que la mayor reserva petrolera latinoamericana está en Venezuela y la mayor reserva gasífera latinoamericana está en Bolivia. Así de sencillo. Con dinero en operaciones de exploración se podrá certificar mayores reservorios de petróleo en Venezuela y gas en Bolivia.
Sin embargo el tema venezolano es paradigmático: muchos acuerdos bilaterales por los que Venezuela adquiere más capital prestado para financiamiento de proyectos sociales con garantía de entrega de petróleo venezolano.
El Exibank chino entregará a la estatal petrolera como USD 1.000 millones “para impulso de nuevos proyectos petroleros”; aportará adicionalmente 691 millones de dólares para la certificación y exploración de reservas minerales y “desarrollo de una mina de oro y cobre situada en el sur venezolano”.
Eventualmente la ciudadanía venezolana está ocupada en conseguir alimentos, medicinas, en los cortes eléctricos en la falta de seguridad y en la ausencia de democracia y el irrespeto a derechos humanos y está muy poco informada de la cantidad de acuerdos que se ha suscrito con China, utilizando de colateral al petróleo.
En varias columnas expresé mi preocupación latinoamericanista por el petróleo venezolano y el gas boliviano, dos recursos energéticos que no están siendo adecuadamente direccionados a generar desarrollo económico, tecnológico y social sostenible; y todo lo contrario, Venezuela y Bolivia no han aprovechado sus ingresos financieros de la venta del petróleo y gas, como por ejemplo Qatar o Emiratos Árabes, que en menos de dos décadas han transformado el desierto en pujantes centros urbanos con altas tasas de desarrollo humano.
El modelo aplicado a Venezuela y a Bolivia no es el mejor; en cambio el modelo gerencial en manejo de la política hidrocarburífera de esos países del golfo demostró que genera buenos resultados: apertura al capital privado, respeto a las reglas y transparencia.
En el marco de esos convenios -todos complicados, y con candados bastante fuertes de desactivar- tienen que ver fundamentalmente con petróleo: entre las compañías estatales china y venezolana suscribieron un contrato de suministro de 100.000 barriles diarios. Reiteramos que Venezuela paga los préstamos de China con envío de petróleo y combustibles (ahora en 524.000 barriles diarios).
China tendrá inversiones en cemento en Venezuela: instalar una cementera en el estado Lara y fabricación de paneles de microcemento.
Los convenios que el estado venezolano suscribió con China incluyen la conformación de una “empresa mixta socialista para la producción de agroquímicos y fertilizantes” y lo más relevante es que Venezuela busca comprar un nuevo satélite chino.
Ojo que el crecimiento de la principal estatal petrolera venezolana está detenido: mantiene una deuda con el Banco Central de Venezuela de cerca de 70 mil millones de dólares por “pagarés” (compromisos de deuda) que la petrolera ha firmado con el Banco Central para lograr moneda nacional para sus operaciones dentro del país.
Desde 2008 Venezuela va debiendo a China más de USD 40.000 millones con una producción petrolera estancada, pero que debe comprometerse para el repago de la deuda que se tiene con ese país.
América Latina debe empezar a tener una Carta Energética, como en Europa, con un mecanismo multilateral de observación y seguimiento a la utilización del petróleo y gas para alertar de despilfarros y para orientar en la correcta dirección de los recursos que generar la venta de materia prima, así una especie de OEA de la energía que sea vigía y evite que regímenes sin conocimiento despilfarren recursos del futuro.
