Fuente: Opinion
El Ministerio de Defensa efectivizó el cobro de la garantía de fiel cumplimiento por 3 millones de dólares, tras notificar formalmente a la empresa china CETC Internacional, el 29 de abril pasado, sobre la terminación unilateral del contrato para la adquisición de cuatro radares de vigilancia aérea.
El 30 de octubre de 2008, la ex Junta de Defensa Nacional autorizó la adquisición de sistemas radáricos con el carácter “de emergencia”, luego del bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Angostura (Sucumbíos).
Entonces, el 19 de diciembre de 2008, CETC Internacional fue adjudicada para la compra de sistemas YLC-2V y Gap Filler YLC 18 con tecnología para integrar voz y datos entre sí, con la flota de aeronaves militares y con el Centro de Comando y Control, incluidos los de la Dirección de Aviación Civil (DGAC). El contrato se firmó en 2009 por un total de $60 millones.
Sin embargo, la puesta en funcionamiento de los radares no llegó a concretarse, pese a que en el contrato se estipuló que la compra de esta tecnología era “imperiosa” para Ecuador, puesto que permitiría dar una alerta temprana a la fuerza de reacción inmediata, para así repeler o rechazar cualquier tipo de amenaza externa o interna que pusiera en riesgo el interés nacional.
El viceministro de Defensa Nacional, Carlos Larrea, citado por diario El Telégrafo, reiteró que para precautelar los intereses del Estado se decidió terminar de manera unilateral y anticipada el contrato con la empresa china CETC.
El funcionario aclaró que mientras se concreta la compra, no es que Ecuador está en la indefensión en cuanto al sistema para vigilancia, alarma y control del espacio aéreo, lo que se necesita es fortalecer ese sistema con radares.
Consultado sobre bajo qué causales se terminó unilateralmente el contrato, Larrea respondió que el contrato fue suscrito en 2009 por un valor de $ 60 millones, a un plazo de 18 meses. Ecuador, antes de tomar la decisión de carácter jurídico, ha actuado con absoluta buena fe y transparencia.
“Lo que quiero decir es que hemos agotado todas las instancias previstas por el contrato: prórrogas de plazo por 281 días convenidas hasta octubre de 2011, y un acuerdo parcial de mediación con la Procuraduría General del Estado, que venció en octubre de 2012”, comentó
Se han agotado los mecanismos contractuales, diplomáticos y al más alto nivel político. Incluso, hemos tenido gran apertura por parte de la Embajada de China para trabajar de manera constructiva en este tema. Además, se ha actuado con absoluta transparencia, ya que por pedido de la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, este asunto es ahora objeto de un examen, de una auditoría especial de la Contraloría.
Sobre los incumplimientos de la empresa contratista, el viceministro se refirió a incumplimientos técnicos, que tienen que ver con la integración de los radares con los sistemas de comunicaciones y control. Como lo dijo el Presidente Rafael Correa, son fallas técnicas de origen que no pudieron ser subsanadas dentro del término previsto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Otra razón por la cual el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, decidió terminar unilateralmente el contrato es por las multas: ha superado el 5% del valor del contrato. Estas multas se contabilizaron a partir del 18 de noviembre de 2012, que fue el término final de la mediación. Estaríamos hablando de aproximadamente $ 9 millones que tiene que pagar la empresa contratista.
La intención de la terminación unilateral fue notificada a la empresa contratista y al banco emisor de las garantías el 9 de abril y la notificación con resolución de terminación el 29 del mismo mes. Adicionalmente, como es obligación del Gobierno precautelar los recursos del Estado, a más de la recuperación de garantías, también se están estudiando eventuales acciones de carácter contencioso, por daños y perjuicios que pudieren haber sido ocasionados por incumplimiento de la contratista, comentó.
El 3 de mayo pasado, el Banco Pichincha, emisor de las garantías, hizo efectivo el pago de la garantía de fiel cumplimiento, dinero que ya está en las cuentas del Ministerio de Defensa. En cambio, ahora se tramita el cobro de la multa del 5% sobre el valor total del contrato, multa que alcanzaría la suma de $ 9 millones.
Asimismo, tras la notificación de la terminación unilateral y anticipada del contrato, efectuada el 29 de abril último, se espera que la empresa china cubra -máximo hasta el 14 de mayo próximo- con la devolución de la garantía de anticipo: alrededor de $ 36 millones.
Con todo ello, el Estado espera recuperar aproximadamente $ 48 millones, sin que se descarten eventuales acciones contenciosas por parte del Ministerio de Defensa por los daños y perjuicios ocasionados por la empresa china CETC Internacional.