Fuente: IPS Agencia de Noticias
Argentina cerró 2025 con un récord de producción de litio de entre 100.000 y 110.000 toneladas de carbonato equivalente, un salto de hasta 45% interanual impulsado por siete plantas ya operativas, según cifras difundidas por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y recogidas por Infobae. El sector minero en su conjunto rozó los USD 6.000 millones exportados, casi el 7% de las ventas externas del país. Pero un informe publicado esta semana por IPS Agencia de Noticias pone en duda que ese boom se traduzca en beneficios reales para el Estado argentino: alrededor del 70% de la producción de litio tiene como destino final China, y buena parte de los proyectos que la extraen están controlados por capital chino.
El caso más citado es el de Ganfeng Lithium, la mayor minera de litio del mundo, que según el propio informe es accionista mayoritaria —con el 47%— de un proyecto aprobado en mayo bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La compañía china no es un actor nuevo en el país: opera Mariana, en Salta, y controla la mayoría de Exar, en Cauchari-Olaroz (Jujuy), uno de los yacimientos de mayor escala de la región. Esa presencia se da mientras la Casa Rosada profundiza su alineamiento con Washington: en febrero firmó un acuerdo bilateral —aún sin ratificar en el Congreso— para priorizar el suministro de minerales críticos a Estados Unidos, en el marco de lo que funcionarios estadounidenses llaman la “Pax Silica”, según describió Infobae a comienzos de mes.
Ahí está, precisamente, la contradicción que señala el informe de IPS: mientras el discurso oficial se acerca a Washington, el dinero que efectivamente financia los grandes proyectos sobre el terreno sigue siendo, en su mayoría, chino. El marco normativo minero argentino, con raíces en un Código de Minería de 1886 y en la reforma de apertura de 1994, no exige trazabilidad sobre el destino de lo extraído ni condiciona la inversión extranjera a un desarrollo industrial local. En la práctica, eso significa que Buenos Aires negocia acuerdos políticos con Estados Unidos mientras Pekín consolida, proyecto por proyecto, el control operativo de la cadena de valor del litio.
El fenómeno no se limita al litio. Bajo el RIGI, que ya acumula compromisos por unos USD 95.000 millones según cifras citadas por IPS, la minería explica más de la mitad de las inversiones aprobadas, con 66 proyectos de litio en danza en Catamarca, Salta y Jujuy. La demanda que sostiene ese apetito inversor no da señales de ceder: distintos organismos proyectan que el consumo mundial de litio podría multiplicarse por nueve hacia 2040 de la mano de la electromovilidad, con fabricantes como BYD entre los principales compradores del mineral procesado.
Para el informe, la salida no pasa por rechazar la inversión extranjera —china o estadounidense— sino por construir capacidad estatal de control: saber quién es dueño de qué, hacia dónde va cada tonelada exportada y qué parte de ese valor queda efectivamente en el país. Sin esas herramientas, advierte, Argentina corre el riesgo de repetir un patrón conocido en la región: ser el territorio donde se libra la disputa geopolítica entre Washington y Pekín por los minerales críticos, sin ser quien defina sus propias reglas del juego.
