Fuente: El País
Seis de las constructoras con más ingresos de Ecuador ni siquiera contaban con una sucursal en el país hace ocho años. Son seis empresas chinas que abrieron oficina entre 2009 y 2012. En ese plazo, han crecido a punta de contratos con el Estado. En 2010, el gobierno de Rafael Correa firmó un primer acuerdo con China para financiar los 1.700 millones que hacían falta para una megahidroeléctrica. El país asiático concedió el préstamo a cambio de encargarse de la obra. Se abrió así el grifo del dinero chino, que pondría su sello en los proyectos más emblemáticos de la autodenominada Revolución Ciudadana.
Un centenar de compañías chinas se han instalado desde entonces en Ecuador pero solo 15 de ellas han protagonizado silenciosamente la obra pública ecuatoriana. Han sido responsables de siete de las ocho grandes hidroeléctricas con las que se pretendía dejar de depender del petróleo, de cuatro construcciones para controlar las inundaciones en el campo, ocho hospitales, tres universidades, cientos de escuelas del milenio prefabricadas y decenas de carreteras, túneles y puentes. Con cada acuerdo, aumentaba la deuda del país porque no eran inversiones sino préstamos atados a licitaciones.
Las estadísticas oficiales del Servicio de Contratación Pública cifran en casi 2.350 millones de dólares el monto de los proyectos adjudicados a las contratistas de Beijing. Pero solo miden entre 2014 y 2017 y esa cifra se eleva al contabilizar una por una las obras asignadas. Hasta 11.300 millones de dólares se destinaron a las empresas asiáticas desde 2010 para levantar infraestructura, según publica el diario El Universo en colaboración con las plataformas de investigación periodística de International Center for Journalist y Connectas. El 60 % de esos contratos se destinaron al sector energético y solo en los 48 contratos principales, de 197 totales, estaban ligados a préstamos por 7.300 millones de dólares.
A raíz de los casos de corrupción destapados con Odebrecht -responsable de una de las ocho hidroeléctricas- y de la empresa pública de petróleo Petroecuador, la Fiscalía ha iniciado una investigación contra cuatro de las seis empresas públicas chinas que han acaparado la obra pública ecuatoriana. La sospecha de las autoridades es que, como en los otros casos, se haya intermediado con sobornos la negociación de los préstamos y las adjudicaciones de los proyectos. Es lo que había asegurado el delator de Odebrecht, José Conceição Santos, durante su declaración en la instrucción fiscal.
El embajador de China en Ecuador, Wang Yulin, reclamó pruebas antes de que se emborronase con acusaciones de corrupción el legado que las cuatro empresas -Sinohydro, China International Water and Electric Corporation, Harbin, Gezhouba y el consorcio China Communications Construction Company- han construido en Ecuador en los últimos años. Recordó que su Gobierno educa a las empresas para que cumplan las leyes del territorio en el que se instalan.
Como con Odebrecht, el Gobierno ecuatoriano asignó a dedo la mayoría de los contratos con las empresas de Beijing. Únicamente en ocho de los 48 proyectos más onerosos se siguió el proceso de concurso ya que la legislación permite aplicar un régimen especial cuando se trata de empresas públicas de otro país. Y en 31 de ellos, el Gobierno ecuatoriano ofreció beneficios tributarios y fórmulas de pago beneficiosas para sortear el régimen de impuestos. Se les aplicaba una reducción en el impuesto a la Renta y el Estado pagaba las facturas directamente en cuentas en China para que las compañías no tuvieran que asumir el Impuesto a la Salida de Divisas al enviar sus ganancias de vuelta a su país.
La Contraloría General del Estado tiene en su archivo informes pasados sobre contratos firmados con compañías chinas, contra las que, además, se han interpuesto desde 2010 un centenar de denuncias laborales y ambientales. El mismo Estado ha rescindido el contrato con la responsable asiática de dos de las hidroeléctricas por incumplimientos que han retrasado su construcción. De las ocho megaobras, solo tres estaban en operación a inicios de año pese a que debían estar generando energía eléctrica para exportar desde 2016. Tras el cambio de Gobierno en Ecuador, el nuevo ministro de Electricidad y Energía Renovable, Medardo Cadena aseguró que dos de las pendientes estarían listas a finales de 2017 y una más en 2018.
Otra de las obras emblemáticas del régimen correísta encargada y con financiamiento del socio asiático, es la universidad de Yachay que estaba llamada a convertirse en la Ciudad del Conocimiento. El nuevo régimen detectó irregularidades y problemas de construcción irreversibles que han justificado la apertura en la Contraloria de siete auditorías sobre las obras, pero también sobre las inversiones y los créditos internacionales.
Siete años después de que se firmara el primer convenio de financiación con China, Ecuador acumula decenas de obras de infraestructura con sello asiático pero también ha ido aumentando la deuda con el país. Al final del mandato de Correa, había un pendiente de 8.000 millones de dólares que equivale un 85 % de la deuda externa bilateral total. De las cinco líneas de crédito abiertas con entidades financieras chinas, 7.000 millones de dólares se pagarán con venta anticipada de petróleo, a través de la petrolera estatal Petroecuador y de las asiáticas Petrochina y Unipec. El nuevo Gobierno de Lenín Moreno está buscando ahora renegociar los compromisos de preventa de crudo porque, según los términos acordados, están ocasionando perjuicios al Estado ecuatoriano.
