Fuente: DiarioCorreo
La ley que ha dado luz verde a la modernización de la refinería de Talara ha dejado muchos vivos, algunos muertos y bastantes heridos. Entre los vivos se cuentan a los posibles contratistas y supervisores del proyecto, además de los bancos que financiarán esta gigantesca obra de US$3.514 millones.
Todo apunta a que no habrá una licitación, sino se contratará directamente a la constructora española Técnicas Reunidas (TR), que realizó los estudios de ingeniería y diseño. Entre los ‘muertos’ de la ley está la participación de Petroperú en el Gasoducto del Sur y el Polo Petroquímico, porque la norma no establece nada sobre esos proyectos.
Y entre los heridos se encuentran los trabajadores de Petroperú debido a la posible privatización de la empresa, dado que el artículo 3 autoriza a la empresa estatal a la venta o emisión de acciones para que sean colocadas en bolsa hasta el 49% del capital social. Y mediante disposición complementaria de la misma norma se prevé que un paquete del 5% de las acciones sea ofertado a través de un programa de participación ciudadana. Es decir, el público peruano podrá tener el 5% de acciones de Petroperú e inversionistas corporativos -o uno solo-, el 44%.
Evin Querebalú Román, presidente de la Coalición de Sindicatos de Petroperú, ha señalado que con esta ley se quiere quebrar a Petroperú para dejarla fuera del negocio de la explotación de lotes petroleros. Los congresistas Manuel Dammert, Verónika Mendoza y el resto de la bancada de Acción Popular junto con Carmela Sifuentes, presidenta de la CGTP, han iniciado una campaña ciudadana para recolectar 60 mil firmas que apoyen una iniciativa legislativa que presentarán en abril para derogar la ‘privatización’ del 49% de Petroperú y recuperar la autonomía del directorio, pues antes podían ser removidos por una falta grave, y ahora por la voluntad de los titulares del MEM y del MEF.
