Fuente: EntreRiosAhora
La Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos presentó esta mañana la demanda ante el Superior Tribunal de Justicia. De este modo intenta que se declare inconstitucional la ley 10.352 que habilita al Ejecutivo provincial a contraer un crédito por más de 430 millones de dólares para la construcción de dos acueductos en el noreste entrerriano. Califican la norma de “arquitectura legal de la estafa”. Estudian denuncia penal.
El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos logró, con la sanción de la ley 10.352, lo que nadie habría conseguido de ningún otro modo: unificar un colectivo opositor de notable diversidad y amplio alcance.
El socialismo, la Unión Cívica Radical, el PRO, el GEN y el Frente Renovador Entrerriano, son firmantes de la demanda presentada hoy ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Del mismo modo participan organizaciones ambientalistas –con mayor protagonismo de Mbiguá-, sindicales, colegios profesionales, la Federación Agraria de Entre Ríos y lo más notable del caso, productores supuestamente beneficiados por la instalación de los acueductos.
La Multisectorial por la Defensa del Patrimonio de los Entrerrianos -así la denominación elegida- se reunió en la sede de AGMER Paraná, realizó una conferencia de prensa y posteriormente, el acto de presentación de la demanda en Tribunales.
Un armador político no hubiera concebido una mesa tan amplia de acuerdos, aunque este acuerdo se fundara, en este caso, en el rechazo a una iniciativa que Urribarri firmó en noviembre del año pasado y que posteriormente presentó en la legislatura como un paquete cerrado, que nadie pudo abrir ni ver de cerca.
Entre el 29 de diciembre y el 21 de enero, diputados y senadores oficialistas trataron sobre tablas el proyecto de los acueductos chinos y el mismo gobernador promulgó la ley pocos días después.
Concretamente, la norma autoriza al Poder Ejecutivo “a celebrar con China State Construction Engineering Corporation LTD un contrato de obra pública con el objeto de ejecutar las obras denominadas Acueducto del Norte Entrerriano – La Paz– Estacas y Sistematización y distribución de agua para riego –Mandisoví Chico”. Y lo habilita a tomar un crédito “por hasta u$s 430.387.551, con más los intereses necesarios” para financiar la construcción de esas dos obras “con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China y con los organismos multilaterales y/o entidades financieras que formulen una oferta de financiamiento para la ejecución de las obras”.
Y para eso, el Gobierno podrá afectar en garantía “y/o ceder los derechos de la Provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales”.
La demanda de inconstitucionalidad, que tiene como patrocinantes abogados que representan a los distintos miembros de la multisectorial, señala en principio que “la Ley 10.352 y el Anexo I contienen insubsanables vicios de inconstitucionalidad y lesividad manifiestas, tanto por apartamiento del orden jurídico constitucional y legal provincial como del orden jurídico constitucional y legal nacional”.
Hay, por lo menos cuatro aspectos observados en la presentación: el argumento procedimental, la cuestión económica, la razón ambiental y, como señaló la diputada María Emma Bargagna, el “secretismo” con el que se llevó adelante todo el proceso.
ESTAFA.
“Es el acto de corrupción más grande que ha sufrido en la provincia de Entre Ríos en su historia”, enfatizó la diputada durante la conferencia de prensa, tal cual lo había afirmado en la cámara baja el 21 de enero pasado.
“Es un mamarracho”, planteó Luis Lafferriere y cuestionó que “no se puede aprobar una ley sin que exista ningún proyecto”.
“Se hizo todo a escondidas”, cuestionó Lafferriere y señaló además que la iniciativa del gobierno abre dos puertas peligrosas: la de “la contratación directa con grandes corporaciones” y la apertura a un “proceso de saqueo”.
El diputado Lisandro Viale, por su parte, distinguió que más que un mamarracho, la ley es una verdadera “estafa” y especificó que se trata de “una arquitectura legal para llevara delante una estafa”.
En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados de Paraná, Rubén Pagliotto, indicó que la ley manifiesta un “plan delineado y orquestado que tiene responsables” y señaló, entre otros, al gobernador, el fiscal de estado, el contador general de la provincial, el ministro de economía y los legisladores que levantaron la mano en ambas cámaras. Pagliotto añadió que está en estudio la posibilidad de presentar una demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público para todos o algunos de los responsables señalados.
TEMAS.
Es tan amplio, quizá, el abanico de la multisectorial como los puntos oscuros que se observan en al ley de Urribarri. La ley y su anexo.
Desde una comisión de cinco millones de dólares que debe pagar el estado provincial por la operatoria, hasta los costos no calculados de intereses, la expropiación de tierras para la obra y demás costas, contemplando también la implementación de aumentos tributarios para cubrir el pago del crédito, los cuestionamientos económicos a la norma son numerosos. El primero de ellos, en todo caso, es el monto del crédito: nadie entiende muy bien aún como llegó el gobierno entrerriano a calcular ambas obras por más de 430 millones de dólares cuando Prosap había presupuestado, algunos meses antes, menos de 100 millones.
La falta total de controles en el proceso legislativo, el tratamiento sobre tablas de la norma, la ausencia de debate sobre el tema y, especialmente, el secretismo con que se manejó el gobierno para no dar a conocer el proyecto, es otro de los aspectos fundamentales de la demanda.
La Multisectorial y se aclaró en la mañana de hoy, no presenta objeciones con respecto a obras de riego, lo que se cuestiona es el modo en que se llevó a cabo lo que denominan como un estafa. Se estima, calcularon durante la conferencia de prensa, que son alrededor de 960 los beneficiarios de la obra, por lo que el costo de por productor de la iniciativa asciende a más de 400 mil dólares.
La lectura política es aún más compleja y se dirige a la primerización de la economía provincial. Los señaló tanto Lafferriere como Bargagna. En ambos casos señalaron la relación colonial que se establece con una potencia que “lo único que necesita es soja para alimentar sus cerdos”, indicó Bargagna, mientras que Lafferriere, en el mismo sentido, planteó que China viene por los recursos naturales, “lo que necesitan solamente es nuestro su
