Fuente: ParanaNoticias
El Ejecutivo entrerriano dio el último paso para que entre en vigencia la autorización para tomar un crédito por hasta de 430.387.551 de dólares con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China para realizar dos acueductos de forma arbitraria y sin licitación pública
A días de la escandalosa sesión de la Cámara de Diputados que dio sanción definitiva al polémico proyecto de ley por el que se autoriza al gobierno de Sergio Urribarri a tomar un crédito por más de 430 millones de dólares con bancos estatales y aseguradoras chinas para realizar dos acueductos exclusivamente con China State, el Ejecutivo promulgó y publicó la norma que desde este miércoles está en vigencia.
La Ley determina que los recursos sólo se podrán utilizar si el acueducto del norte entrerriano La Paz-Estacas y la sistematización y distribución de agua para riego Mandisoví Chico los realiza Cscec. Además del monopolio que se le otorgará a la compañía también se eximirán a los contratos y demás documentación del impuesto a los sellos.
En tanto, administrativamente el gobierno se arroga la creación de unidades ejecutoras para administrar las obras y se comprometió a elaborar en seis meses un nuevo proyecto de Ley por el que establecerá “los derechos, tasas o impuestos que resulten pertinentes para recuperar la inversión que resulten de la ejecución de las obras”.
Oposición de los productores
La Mesa de Enlace de Entre Ríos anunció que bregará para obtener la derogación de la Ley de Acueductos, que autoriza al gobierno de Sergio Urribarri a tomar un crédito por más de 430 millones de dólares con bancos estatales y aseguradoras chinas para realizar dos acueductos exclusivamente con China State. Además, aclaró que la norma “no cuenta con la aprobación de los productores destinatarios, al menos hasta que se esclarezcan todas las dudas expuestas”.
“El negociado más grande de los últimos 30 años”
Cabe recordar que el diputado Lisandro Viale (Partido Socialista) afirmó que con esta Ley se le dará al Ejecutivo la herramienta para “endeudar la provincia por generaciones”, y dijo que espera que si el gobierno toma el crédito y adjudica la obra -que consideró ilegítima- “los recursos sean para los acueductos y no para que los entrerrianos financien la campaña presidencial de Urribarri”.
Además, Viale remarcó que el acuerdo será “uno de los mayores intento de estafa que tuvo la provincia en este último período de democracia” abalado por un “poder Legislativo que es obsecuente”.
En tanto, la diputada socialista María Emma Bargagna afirmó que lo aprobado fue un ataque a la soberanía: “la soberanía reside en el pueblo, elige a sus representantes y sanciona una Constitución para que nosotros cumplamos con ella y no tenemos derecho para derogarla con un proyecto de Ley; no tenemos derecho de violar la Ley. Tenemos que ser disciplinados cumplidores de la Ley si queremos estar en el marco de un Estado de Derecho”.
Además, Bargagna apuntó que se otorgarán beneficios a la empresa china para que importe trabajadores y se le permitirá al Estado chino ingresar al territorio para sacar materia prima a costa de la destrucción de la industria nacional que tanto costó recuperar.
Presentación en la Justicia
Cabe recordar que el presidente de la sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Rubén Pagliotto, adelantó a esta Agencia que se realizaría una presentación penal porque los diputados que aprueben el proyecto y los funcionarios que apliquen la Ley podrían “estar violando flagrantemente la Ley e incurriendo en los deberes de funcionario público, lo que se enmarca, quizás, en lo que la Constitución Nacional establece como ‘infames traidores a la patria‘”, ya que detalló que “no se comprende cómo un contrato de obra pública donde lo que está comprometido es ni más ni menos el interés público, con el dinero público, pueda ser susceptible de ningunearse bajo la mentira de que se trata de cuestiones confidenciales que escapan al interés y al conocimiento del dominio público”.
En ese marco, el Colegio de Abogados Paraná se comprometió a brindar todo el asesoramiento legal a las organizaciones populares “para no dejar que este latrocinio se consolide, porque se debe evitar que los delitos se consoliden”, porque “la justicia, que es el último resguardo de los ciudadanos, es quien puede poner freno y coto a esta situación que significa un impúdico y último gran acto de saqueo de estos que se están yendo”. (AIM)
