Fuente:Sinembargo.mx
Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo/EFE).– Una inmobiliaria de capital chino y estadounidense reactivó con algunos cambios el proyecto turístico de Cabo Cortés, suspendido en 2012 durante los últimos meses de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pero ahora bajo el nombre de Cabo Dorado. Durante el sexenio calderonista, en especial durante todo 2008, el proyecto turístico en Cabo Pulmo fue impulsado por el gobierno mexicano, aun cuando esa área en Baja California Sur (BCS) es Patrimonio de la Humanidad.
Lo que desató una denuncia de ambientalistas mexicanos y extranjeros contra la insistencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para autorizar los permisos al grupo español Hansa Baja Investments. Finalmente, y tras una acometida incluso en los medios internacionales, los ambientalistas lograron que Calderón y su gobierno se desistieran de aprobar el proyecto inmobiliario en esa zona virgen de Baja California Sur. Sin embargo, ahora, y luego de que en junio de 2013 el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, visitó México, la empresa La Rivera Desarrollos BCS, formada por la china Beijing Sansong International Trade Group y la estadounidense Glorius Earth Group, han renovado sus solicitudes de apoyo para el gobierno federal de México y, en específico, a las autoridades ambientales para impulsar el desarrollo turístico en el que, dijeron, se invertirán 3 mil 600 millones de pesos. La Rivera Desarrollos BCS presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la manifestación de impacto ambiental (MIA), que desde requiere el permiso de la dependencia para iniciar la construcción. Además, la empresa envió la semana pasada una carta al Presidente Peña Nieto en la que le explican que Cabo Dorado se ubica a 15 kilómetros de Cabo Pulmo y se trata realmente de un nuevo proyecto y de tres mil 600 millones de dólares, dos mil 200 se invertirán en los próximos cinco años. Este sería el primer gran proyecto turístico de inversión de una empresa China, tras la visita a México de Xi Yinping el año pasado. Según organizaciones ambientalistas, el proyecto contempla la construcción de ocho hoteles y residencias multifamiliares, lo que triplicaría el número de cuartos de hotel en Los Cabos, además de dos campos de golf y un ducto de 14 kilómetros. En un comunicado publicado hoy, la compañía asegura que el nuevo proyecto “cumple cabalmente con la normatividad, legislación y buenas prácticas nacionales e internacionales”. No se construirá una “marina, ni infraestructura que pudiera perturbar el equilibrio ecológico del mar” y tampoco habrá descargas de aguas residuales, ya que esta “se tratará y reutilizará en la propiedad con tecnología de punta”, explica. Además, el consorcio señala que Cabo Dorado tendrá una densidad 30 por ciento menor al proyecto anterior de Cabo Cortés, que fue duramente impugnado por los grupos ecologistas mexicanos e internacionales que lograron su cancelación en 2012. Aseguró que el 67.7 por ciento de las tres mil 770 hectáreas de la propiedad serán destinadas a reserva de conservación y resaltó que el proyecto generará 18.000 empleos directos e indirectos y permitirá atraer ingresos por 900 millones de dólares anuales a la zona. Por su parte, el portavoz del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en esa zona, Alejandro Olivera, dijo a Efe que considera el proyecto un enorme riesgo potencial fundamentalmente por la escasez de agua potable en la zona por la sobrexplotación de los acuíferos. Aunque no se construya la marina, agregó que se trata de “un proyecto de grandes dimensiones colindante con Cabo Pulmo, que es una reserva protegida y que hay riesgo para las especies endémicas por el flujo de turistas”. Precisó que Cabo Dorado tendrá 22 mil 500 cuartos y una concesión de 4.5 millones de metros cúbicos de agua del acuífero de Santiago, pero con una población de unas 60 mil personas se generarán presiones y riesgos a Cabo Pulmo. “Estamos solicitando la consulta pública de todo el proceso de evaluación del impacto ambiental que presentó la empresa la semana pasada, con el fin de que el consorcio aclare todas las dudas para hacer un análisis completo del proyecto”, indicó. En esta reserva marina hay 226 de las 875 especies de peces que existen en el Golfo de California. Hoy es un parque nacional con siete mil 111 hectáreas, el 99 por ciento de ellas en el mar con el arrecife mejor conservado en el Pacífico. En 2012, el ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, dijo en una comparecencia ante el Senado que el proyecto Cabo Cortés “cumple con la ley y brinda total protección” al Parque Nacional de Cabo Pulmo, en Baja California Sur. El 15 de junio de 2012, el entonces Presidente, Felipe Calderón Hinojosa anunció la cancelación del proyecto Cabo Cortés porque la firma española que estaba a cargo, Hansa Urbana, no demostró científicamente la sustentabilidad del plan. El proyecto Cabo Cortés se realizaría en la Península de Baja California y consistía en 27 mil 700 habitaciones de hotel, dos clubes de playa, dos campos de golf, espejos de agua y un acueducto entubado de siete kilómetros, así como una planta desalinadora y otra de tratamiento de aguas residuales y una marina con 490 posiciones en una zona aledaña a un parque nacional. En la zona existen 26 especies catalogadas en riesgo, de las cuales 10 son cactáceas endémicas y tres en peligro de extinción: el halcón peregrino, la tortuga golfina y la tortuga caguama. Ello significaba un riesgo severo para un ecosistema semidesértico y con numerosos arrecifes de coral en el Mar de Cortés, advirtió Alejandro Olivera, coordinador de la campaña del Movimiento Ecologista Greenpeace contra el plan. Varias ONG, comunidades locales y ambientalistas habían denunciado que el proyecto Cabo Cortés amenazaba la reserva marina de Cabo Pulmo, declarada en 1995 área natural protegida por las autoridades y en 2005, Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, además tiene el único ecosistema de arrecife coralino vivo en el área del Golfo del Mar de Cortés. El 4 de junio de 2012, ecologistas entregaron 221 mil cartas en el Palacio Nacional contra dicho proyecto.