Fuente: Servini.org
La ley que aprobó el gobierno de Nicaragua para entregar en concesión a una empresa china la construcción y administración de un canal interoceánico derogó el marco jurídico que protege el lago Cocibolca, el más grande de América Central, sus cuencas y afluentes.
El alerta partió de las organizaciones no gubernamentales Alianza Nicaragüense Ante el Cambio Climático y Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, en representación de 20 entidades ecologistas de este país.
La ley 840 se aprobó en junio en la Asamblea Nacional, con los votos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional y por iniciativa del presidente Daniel Ortega (2007-2011 y 2012-2017).
El nombre oficial es Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, lo que da una idea de sus ambiciones, pero la prensa la bautizó “ley del gran canal interoceánico”.
Es, en todo caso, el marco jurídico de una vía de navegación que unirá los océanos Atlántico y Pacífico y que será casi cuatro veces más larga que el cercano Canal de Panamá, con el que competirá por atraer buques de gran calado.
La concesión para construir el canal y administrarlo por 50 años, con opción a otras cinco décadas, la obtuvo HK Nicaragua Canal Development Group (HKND), propiedad del empresario chino Wang Jing. El proyecto está valuado en 40.000 millones de dólares.
Según la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, la ley derogó todos los instrumentos de defensa de los recursos naturales y cuerpos de agua, recogidos en el Compendio Jurídico de Agua Potable y Saneamiento.
Ese Compendio, elaborado en 2011 por la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, recopila 85 leyes, decretos, ordenanzas municipales, disposiciones constitucionales, tratados internacionales y normativas administrativas que protegían los cuerpos del agua.
El Acuerdo Marco de Concesión e Implementación de la ley del canal establece que es obligación del Estado garantizar al concesionario el “acceso y derecho de navegación en ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua dentro de Nicaragua y en sus aguas, y el derecho de extender, expandir, dragar, desviar o reducir tales cuerpos de agua”.
Además, el Estado renuncia a demandar a los inversionistas en tribunales nacionales e internacionales por cualquier daño causado al ambiente durante el estudio, construcción y operación de proyecto.
La norma 840 también derogó el principio de aplicación de la Ley General de Aguas Nacionales, que establecía que el lago Cocibolca, también conocido como Lago de Nicaragua, “deberá considerarse como reserva nacional de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional”.
David Quintana, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, estima que así se deja a voluntad de la empresa extranjera la explotación de las reservas naturales periféricas del Cocibolca, el segundo más grande de América Latina después del venezolano lago de Maracaibo, con una extensión de 8.624 kilómetros cuadrados.
Nicaragua otorgó a la empresa el lago y sus periferias, en las que convergen más de 16 cuencas hidrográficas y casi 15 áreas protegidas y donde se concentra 25 por ciento de los bosques húmedos del país, dijo Quintana a Tierramérica.
Estos lugares, listados en la Convención de Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convención de Ramsar, es hogar de centenares de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios, moluscos y crustáceos.
Para el subdirector del Centro Humboldt, Víctor Campos, la obra simplemente destruye la posibilidad de convertir en algún momento el lago Cocibolca en fuente de agua para toda América Central.
“La construcción del canal y la conservación del agua para consumo humano son mutuamente excluyentes, o tenés (sic) un canal o tenés un reservorio de agua para la población”, dijo Campos a Tierramérica.
El biólogo Salvador Montenegro, director del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, explicó a Tierramérica que las labores en el lago generarían una cantidad inmensa de sedimentos que enturbiarían las aguas y matarían por asfixia a la mayoría de sus seres vivos.
Según HKND Group, la vía interoceánica tendría 286 kilómetros de largo, 520 metros de ancho y una profundidad de 27,6 metros para permitir el paso de buques de gran calado.
Para Montenegro, esas dimensiones son el peor escenario ambiental para el lago y las cuencas que lo alimentan.
“Un pequeño accidente de derrame de hidrocarburos, un sismo o los vientos fuertes que soplan sobre esa zona geográfica podrían generar una catástrofe ecológica que acabaría para siempre con el potencial de consumo humano del lago”, advirtió Montenegro.
La misma preocupación comparte el científico Jaime Incer Barquero, asesor del presidente Ortega en asuntos ambientales.
“Estamos a tiempo para rectificar y no cometer el gravísimo error de poner en peligro la más grande fuente de agua del país y Centroamérica; ningún canal vale tanto como ese lago”, dijo Barquero a Tierramérica.
Ante la avalancha de críticas, el mandatario replicó que el estudio de impacto ambiental determinará el rumbo y futuro de la obra.
Pero las autoridades ambientales y técnicas no respondieron a los argumentos sobre el supuesto riesgo ambiental y se limitaron a enumerar los beneficios económicos que el canal dejaría a Nicaragua.
El portavoz de HKDN, Ronald MacLean, ha reiterado en varios comunicados que la consultora británica Environmental Resources Management realizará de manera profesional el estudio de impacto ambiental sobre las rutas consideradas para el canal.
“Obviamente, tenemos que lidiar también con el tema ambiental, porque hay que ver cuál será el impacto del proyecto y cuánto va a costar un programa de remediación para que el balance final sea positivo”, dijo a inicios de agosto en mensajes de correo electrónico enviados por su agencia de relaciones públicas en Managua.
Mientras, organizaciones ambientalistas, grupos empresariales y sectores opositores, así como comunidades indígenas que ven amenazadas sus tierras y acceso al agua, preparan recursos jurídicos contra el proyecto.
