Fuente: Infobae
El presidente del Consejo de Ministros manifestó preocupación por el fallo judicial que impide a Ositran fiscalizar el puerto operado por Cosco Shipping y anunció que el Ejecutivo planea apelar la decisión para garantizar la soberanía nacional
La decisión judicial que impide la supervisión estatal sobre el Puerto de Chancay ha generado inquietud en el Ejecutivo peruano, que ve en este fallo un desafío directo a la capacidad reguladora del Estado en una infraestructura clave para el comercio marítimo y los intereses nacionales. Según informó Europa Press, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, expresó su preocupación por las implicaciones que este fallo podría tener en el control efectivo de uno de los principales puertos del Pacífico sudamericano, y anunció que el Poder Ejecutivo presentará una apelación con el objetivo de asegurar la vigilancia nacional sobre el puerto, actualmente bajo la administración de Cosco Shipping Lines.
El mandatario sostuvo que la imposibilidad del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) para fiscalizar las actividades en el Puerto de Chancay es “inaceptable”. El medio Europa Press detalló que Álvarez subrayó la importancia estratégica del puerto no solo para la economía peruana, sino también para las operaciones comerciales de todo el Pacífico, destacando la necesidad de que “no haya ningún aspecto de la actividad, ni del mar ni del territorio ni de las instalaciones portuarias, que quede fuera del alcance del órgano regulador”. De acuerdo con el comunicado difundido por el Gobierno, la decisión de apelar el fallo representa el primer paso en la estrategia legal del Ejecutivo, que contempla la opción de llevar el asunto hasta el Tribunal Constitucional en caso de no conseguir una respuesta satisfactoria en instancias previas.
El origen de este conflicto jurídico se remonta al pronunciamiento del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que en 2024 declaró fundado el recurso de amparo presentado por Cosco Shipping Lines. La empresa china alegó que la fiscalización de Ositran vulneraba sus derechos de control sobre la operación portuaria. Según publicó Europa Press, el juzgado instruyó a Ositran abstenerse de supervisar el puerto operado mayoritariamente por Cosco Shipping, lo que provocó la reacción inmediata de las autoridades peruanas.
El puerto de Chancay, conocido como el “Megapuerto”, es controlado en un 60% por Cosco Shipping y, en menor medida, por la compañía peruana Volcan Compañía Minera. Esta infraestructura se ha consolidado como una de las más importantes en la costa del Pacífico, representando un punto estratégico para la exportación e importación de mercancías entre Asia y Sudamérica. Europa Press informó que la significativa presencia china en este enclave ha suscitado inquietudes internacionales, en particular por parte de Estados Unidos, que alertó sobre los riesgos de perder capacidad de supervisión soberana. Autoridades estadounidenses manifestaron su “preocupación” y afirmaron que “el dinero chino barato cuesta soberanía”, en alusión a la posibilidad de que la participación extranjera limite el margen de maniobra del Estado peruano sobre su propia infraestructura.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió a las declaraciones estadounidenses mediante un portavoz oficial, quien aseguró, citado por Europa Press: “China se opone firmemente y deplora las falsas acusaciones y la desinformación de Estados Unidos contra el Puerto de Chancay”. Este intercambio diplomático sitúa al puerto como un escenario de disputa geopolítica, dadas las relaciones tanto comerciales con China como estratégicas con Estados Unidos.
El presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a lo difundido por Europa Press, destacó la relevancia de China como principal socio comercial de Perú en el contexto actual, sin que ello implique dejar de lado la relación estratégica y hemisférica que el país mantiene con Estados Unidos. Álvarez afirmó que este vínculo con la potencia norteamericana está basado en los valores y principios sobre los que se ha construido la sociedad peruana.
El debate sobre quién tiene la autoridad para fiscalizar el puerto también ha reavivado el análisis sobre la preeminencia de la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros remarcó, consignó Europa Press, que “no hay contrato civil alguno que pueda estar por encima de la Constitución”, señalando así que cualquier acuerdo de carácter privado o internacional debe respetar el marco legal supremo del país. Para el Ejecutivo, la independencia y la soberanía nacional no pueden ceder paso ante intereses comerciales externos, aunque existan contratos previos entre las partes involucradas en el megaproyecto portuario.
El caso del Puerto de Chancay refleja la complejidad de los proyectos de infraestructura de gran escala en los que intervienen capitales extranjeros, especialmente en sectores sensibles como el transporte marítimo y la logística internacional. Europa Press reportó que la apelación por parte del Ejecutivo busca, además de revertir el fallo, sentar precedentes sobre la necesidad de que las autoridades nacionales puedan ejercer control y supervisión efectiva en infraestructuras críticas, independientemente de quienes sean los operadores o socios principales.
El desarrollo futuro de esta controversia dependerá de los próximos pasos legales, con la posible intervención del Tribunal Constitucional si las instancias ordinarias mantienen la restricción sobre Ositran. A juicio de las autoridades peruanas, según lo difundido por Europa Press, el Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de salvaguardar la soberanía y la Constitución, más allá de las disposiciones de derecho civil o marítimo consideradas en los contratos entre partes privadas y el Estado.
En tanto, la atención internacional sigue enfocada en las potenciales consecuencias económicas y políticas que este caso puede acarrear para Perú y la región. El desenlace del litigio determinará tanto la capacidad del Estado para ejercer control sobre infraestructuras estratégicas como la percepción internacional respecto de la seguridad jurídica e institucional en los megaproyectos con participación extranjera en territorio peruano.
