Fuente: La Nación
No es sólo el siderúrgico Paolo Rocca, dueño de la billetera en manos privadas más grande de la Argentina, que desde hace años despotrica contra la producción china, ni los lamentos de Enrique Pescarmona, que había ganado la construcción de las represas de Santa Cruz, pero vio con resignación cómo ese negocio millonario fue adjudicado a un grupo comandado por empresas del país asiático. Son también los fabricantes de bicicletas, de bornes de conexión eléctrica, de transformadores, de neumáticos, de vajilla y hasta de pelotitas de tenis, para nombrar apenas algunos ejemplos. A todos los une el mismo espanto: temen que China, el nuevo socio comercial y financiero de la Argentina, invada el mercado local y haga desaparecer sus negocios.
Una decisión reciente del Gobierno despertó un nueva alerta entre los empresarios. En julio del año pasado, Economía sacó la resolución 308, que estableció la aplicación de un derecho antidumping ad valórem de hasta 54% para transformadores provenientes de China y de Corea. Sin embargo, en una rareza de la administración pública, el último punto de la norma suspendía la aplicación de las penalizaciones a los productos chinos hasta el 17 de enero pasado. Pero una nueva norma de la cartera que maneja Axel Kicillof publicada el 30 de enero de este año en el Boletín Oficial, días antes del viaje de la presidenta Cristina Kirchner a China, prorrogó una vez más la entrada en vigor de las penalizaciones contra ese país, una decisión llamativa para el Gobierno, que sin que se lo pidan suele poner trabas al ingreso de productos de otros países.
La excusa para habilitar la llegada de productos chinos la puso la Secretaría de Energía, a cargo de Mariana Matranga, una funcionaria que responde a Kicillof. El 13 de enero le mandó una nota a Economía en la que señala que los transformadores “son utilizados en obras de infraestructura que tienen como principal destino la generación de energía eléctrica, y se orientan a fomentar el desenvolvimiento del Sistema Energético Nacional”. Por lo que recomendó prorrogarlas por seis meses.
En la Argentina hay unas 10 empresas en condiciones de fabricar transformadores, que emplean a más de 1000 personas. LA NACION habló con allegados a algunas de ellas. Dicen que este gobierno fue el que más los escuchó, pero están sorprendidos por la norma. Los funcionarios de Economía les dijeron que la suspendieron para tener las manos libres frente a la crisis energética, debido a que la producción local de esos equipos está colmada. Los empresarios, en cambio, creen que no es así y que están en condiciones de fabricar esos productos.
Algunos de los fabricantes de transformadores sospechan que la norma apunta a favorecer la llegada de equipos para las centrales hidroeléctricas Kirchner y Cepernic. Se trata de la mayor obra de infraestructura que encaró el kirchnerismo, que estará a cargo de un consorcio liderado por la cordobesa Electroingeniería, la también local Hidrocuyo y China Gezhouba Group. Esta última fue la llave para conseguir el financiamiento de los bancos China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited para un proyecto en torno a los US$ 5000 millones que le dio la bendición definitiva a la relación entre el kirchnerismo y el país asiático.
Desde hace tiempo China genera incertidumbre en empresas locales. Así lo atestiguan más de 80 investigaciones por dumping (cuando se considera que un país exporta productos a un precio menor que el de su propio mercado interno) que empresas argentinas de distinto tipo y tamaño iniciaron ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE, que analiza el caso técnicamente y determina el daño o amenaza de daño en la industria) y a las que el Gobierno les concedió el reclamo en casi todos los casos mediante el establecimiento de un derecho de importación que limita el ingreso de productos chinos. Es decir, una acción en contra de su nuevo socio comercial y financiero, que ganó relevancia en la política y en la economía luego de los polémicos acuerdos que Cristina Kirchner firmó en ese país el mes pasado.
Según las últimas planillas de la CNCE, hasta el 2 de marzo había 52 productos protegidos por medidas antidumping, de los cuales 45% aplicaban sanciones contra China. En otros términos: en el 82% de los casos, las investigaciones sancionaron al país asiático. El porcentaje está muy por encima del promedio mundial, ya que según las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), del total de las medidas antidumping que se aplicaron en el mundo por competencia desleal desde 2004 hasta el 30 de junio de 2014, China representa el 34%. Y el país asiático fue el destinatario del 58% de los casos de subvenciones y medidas compensatorias impuestas por la comunidad internacional en la misma fecha por subsidios prohibidos en la exportación.
Las autoridades argentinas también sancionaron a otros países. Ciertos bornes de conexión eléctrica provenientes de Alemania deben pagar un derecho de importación, al igual que equipos de aire acondicionado de Tailandia, conectores de la India, hojas de sierra de Suecia, ruedas de caucho de Indonesia, cubiertos de acero inoxidable de Brasil y hasta sanitarios de Uruguay. Pero ninguno tiene más de tres sanciones vigentes por antidumping..
