Fuente: Elcomercio.pe
Si los USD 70 mil millones que ofreció China en 2014 nos dejaron asombrados, estos lucen pálidos frente a los 250 mil millones que el presidente Xi Jinping ofreció durante en Foro China-Celac (Cumbre de Estados de Latinoamérica y el Caribe) en Beijing.
Los presidentes cerraron el Foro diciendo que la “cooperación Sur-Sur ha dado un salto al próximo nivel”. Sin embargo, hay que precisar que el acceso a los capitales chinos, por sí solo, no llevará a la cooperación Sur-Sur al próximo nivel, así como la disponibilidad de financiamiento no garantiza el desarrollo. Un modelo de cooperación “Sur-Sur”, como señaló el presidente Xi Jinping en el 2014, debe estar enmarcado en el “desarrollo sostenible e inclusivo”. Y como en América Latina (AL) nos gustan pensar en estos temas en conjunto, sería deseable que la definición y metas de una cooperación “Sur-Sur” sean producto de una amplio acuerdo social y no solamente de acuerdos entre gobernantes, grandes bancos y algunos empresarios. La cooperación “Sur-Sur” debe ser sustancialmente diferente a la “Norte-Sur” que se ha destacado por la inequidad, las prácticas usureras, y la demanda masiva de recursos naturales. AL no debe continuar con China (ni con nadie) el ciclo vicioso del extractivismo voraz y el endeudamiento irresponsable. Los nuevos préstamos e inversiones de China necesitan depender más de instrumentos técnicos de análisis costo-beneficio que de las coyunturas políticas y movidas diplomáticas. Los prestamistas y prestatarios deben ajustarse a regulaciones y ser transparentes. Los nuevos endeudamientos deben contar con regulaciones claras, y mecanismos de evaluación, supervisión y transparencia. Para empezar, el Banco de Desarrollo de la China, el Banco de Importaciones y Exportaciones de la China, y el Banco Industrial y Comercial de la China (en el 2013 prestaron 3 veces más a AL que el Banco Mundial) deberían publicar sus préstamos, contar con políticas que garanticen el acceso a la información, usar mejores estándares ambientales y sociales del Banco Mundial, y someterse al escrutinio público. Las políticas de inversión deben estar atadas a políticas para combatir el cambio climático. Los gobiernos y los prestamistas se han comprometido para actuar frente al cambio climático, pero en la práctica sus inversiones están tremendamente desasociadas de tales compromisos. En el marco de una cooperación “Sur-Sur” los préstamos e inversiones deben asegurar hacia una verdadera transición a economías basadas en las energías limpias (y no me refiero a megarrepresas), a fomentar actividades económicas con bajas emisiones de carbono, y garantizar la protección de bosques, ríos y comunidades locales. Siempre habrá inversionistas en el Norte y en el Sur para incursionar en proyectos con altos retornos más allá de sus impactos locales. Paulina Garzón / Columnista invitada
